LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación por la reducción de partidas destinadas a programas de asistencia y prevención de las infecciones de transmisión sexual, VIH y tuberculosis que prevé el proyecto de ley de presupuesto nacional. A su vez, insta a los diputados y senadores a rechazar esta propuesta y aumentar estas partidas que proveen recursos para resguardar la salud y la vida de las personas.
FUNDAMENTOS
El gobierno del presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley de presupuesto 2025 con un recorte del 75,72% en las partidas presupuestarias destinadas a la Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TB). Esto ha generado preocupación en las personas que habitan los dispositivos y organizaciones que abordan la temática como ser el Frente Nacional de Organizaciones que dan respuesta al VIH.
Para el último presupuesto aprobado, de 2023, la asignación fue de $21.242.070.001. El proyecto de presupuesto para 2025 prevé una asignación de $23.052.000.000. Es decir un recorte de 75,72% considerando su valor en dólares estadounidenses. Y un 54,31% menor que los $42.451.555.000 que preveía el presupuesto 2024 que finalmente no fue aprobado.
Puesto en otros términos, el presupuesto para este programa ha crecido un 8,51% en comparación con el último presupuesto aprobado, mientras que la inflación interanual acumulada de septiembre de 2023 al mismo mes de 2024 ha sido del 209%. También se reduce su importancia en relación al presupuesto total del Ministerio de Salud. En 2023, el Programa significaba el 4,8%, y para 2025 según el presupuesto enviado por el ejecutivo desciende al 0,89% del total de los recursos asignados.
En el caso de VIH, como señala Fundación Huésped, organización de reconocida trayectoria en el abordaje de VIH e ITS, el presupuesto proyectado para 2025 alcanzaría para 66.500 tratamientos antirretrovirales (TARV). Y señala que es insuficiente, ya que en 2023 se brindaron 66.893 tratamientos para personas con VIH y 8.744 tratamientos de PrEP (siglas en inglés de Profilaxis Pre Exposición) y 4.867 de PEP (Profilaxis Post Exposición). Es decir, proyectan 9.150 tratamientos menos de los que efectivamente se brindaron en 2023, el último año del que tenemos cifras completas. Y eso dejando de lado los 5.300 nuevos casos que se proyectan por año. Además en un contexto de crisis económica y de alta precariedad laboral no se puede dejar de prever que nuevas personas podrían pasar a depender del sistema público de salud.
Además, según señala la misma Fundación, también se reduce la compra de reactivos para carga viral, test rápidos de VIH y pruebas de sífilis. Para preservativos, se proyecta la compra de 21 millones, mientras que lo proyectado para 2023 fue de 55.300 millones.
Resulta evidente la voluntad gubernamental de no invertir y desfinanciar la compra de medicamentos y/o insumos para dar respuesta a estas cuestiones ligadas a la salud sexual, reproductiva y (no) reproductiva el próximo año.
Desde hace más de 20 años el Ministerio de Salud de la Nación realiza compras para asegurar la provisión gratuita de estos tratamientos de alto precio a personas que se atienden en el sistema público. Ya en lo que va de 2024, la suspensión de esas compras públicas, ha causado faltantes de algunos medicamentos, con la consecuencia de cambios forzados de tratamientos, faltantes de preservativos y de reactivos para estudios de carga viral y células CD4. Estos test son fundamentales para el seguimiento de la efectividad y seguridad de los tratamientos.
Si miramos las asignaciones presupuestarias que proyecta el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para 2025, es evidente que la gravedad de la situación se acrecienta. Con las partidas previstas no se podrán adquirir todos los medicamentos e insumos necesarios básicos para la prevención y el tratamiento del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis. Todas estas acciones, según señalan las organizaciones especializadas, traerá la consecuencia de un aumento de los casos, diagnósticos tardíos, mayor mortalidad, y aún más carga sobre el sistema de salud, lo que además va a exigir mayores insumos y medicamentos. Es decir, van contra las recomendaciones de todos los especialistas respecto de la necesidad de fortalecer la prevención como una inversión que previene problemáticas más graves y costosas.
Además con el pretexto de una reducción del “gasto público” generará un perjuicio económico mayor. Que se puede ver agravada por los reclamos judiciales ante el incumplimiento de la Ley Nacional 27675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. En el fondo, se trata de una clara medida discriminatoria de parte del gobierno nacional. En este sentido resulta necesario que el PEN inicie los procedimientos necesarios previstos en la Ley 27.675 que incentiva la producción pública de Tratamientos Antirretrovirales, la investigación científica relacionada a las respuestas a las ITS y fortalecer vía presupuesto a los programas y reactivar el Plan Nacional de Embarazo No Intencional, entre otros y de esta manera se ahorrarán y optimizaran recursos económicos.
En esta como en tantas otras instancias el proyecto de presupuesto presentado por el PEN tiene un carácter regresivo. Pero en este caso, las consecuencias tienen un costo directo en la afectación de la salud y la vida de miles.
Por todas estas razones, es fundamental que desde esta Legislatura nos pronunciemos enfáticamente por el aumento de estas partidas y exijamos a los diputados y senadores por nuestra provincia que actúen acorde a las necesidades de la salud y la vida de la población, especialmente de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y otras ITS. Por eso, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
