LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su consternación en el trigésimo aniversario de la trágica explosión ocurrida en Río Tercero en 1995 y rinde homenaje a las víctimas. Este hecho marcó no sólo a la comunidad de aquella ciudad, sino a todo el pueblo de Córdoba y el país, con sus secuelas de impunidad. Reafirmamos la necesidad de justicia y verdad para todas las víctimas y el pueblo de Río Tercero.
FUNDAMENTOS
Hace treinta años, en Río Tercero, ocurrió uno de los hechos más oscuros en la historia reciente de Córdoba y Argentina. La explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, en marzo de 1995, dejó un saldo de siete víctimas fatales y más de trescientos heridos y daños materiales incalculables en una comunidad que todavía hoy pide justicia y verdad. Como es el caso de Ana Gritti, única querellante en la causa,esposa de una de las víctimas fatales del atentado, quién se encargó de mantener activa la causa judicial que hoy. Las investigaciones que se han realizado revelaron la participación de responsables políticos y militares que, en una trama de encubrimiento, intentaron esconder la verdad sobre las causas y responsabilidades del hecho. La justicia, durante años, fue lenta y parcial, permitiendo que la impunidad se arraigara, en una relación que evidencia la connivencia entre el poder político, judicial y empresarial para proteger intereses de Estado y de grandes corporaciones.
A treinta años de ésta explosión que marcó la memoria de todo un pueblo está ampliamente probado que la voladura de la Fábrica Militar fue una operación planificada desde las más altas esferas del poder para ocultar el delito de tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Operación de la que el ex presidente Menem fue el principal responsable político, como se ha hecho constar a través de abundante prueba. De la cual son partes fundamentales los decretos 1.697/91 y 2.283/91 por los que se autorizó la venta de armas a Panamá y el 103/95 para el envío de armamento a Venezuela.
A treinta años seguimos señalando la responsabilidad de Menem, autor de las políticas de ajuste y privatizaciones, que facilitaron la subestimación del daño causado y la protección de los responsables, dejando sin justicia a las víctimas. La impunidad, evidencia cómo los poderosos mantienen sus privilegios aun en hechos atroces. Esto sólo pudo ser garantizado con complicidad política y judicial que han llevado a que la herida del atentado continúe abierta en la población hasta hoy.
Por ello, esta Legislatura debe hacer un compromiso de luchar por la apertura de todos los archivos y la verdad plena, de exigir la justicia y de denunciar la complicidad existente entre autoridades del Estado, empresarios y jueces que, en la historia, parecen estar dispuestos a proteger a los responsables y mantener el silencio. La lucha por justicia en Río Tercero es también una lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
Señalamos el accionar cómplice de sectores del poder político y judicial que garantizaron tres décadas de impunidad para el ex presidente Carlos Saúl Menem, que falleció impune, y demás responsables políticos del atentado.
Y por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
