LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1.- Objeto. Créase por la presente la “Comisión Investigadora Independiente APROSS” que tendrá por objeto contribuir al esclarecimiento de la verdad en relación a las denuncias de defraudación millonaria a la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) y del posterior incendio en su sede central. La comisión funcionará sin perjuicio de los procedimientos judiciales existentes o que puedan iniciarse en relación a los hechos investigados.
ARTÍCULO 2.- Funciones. Son funciones específicas y taxativas de la Comisión las siguientes:
a) Recibir y evaluar, dentro del plazo y en la forma que ella misma fije, las denuncias que les proporcionen los afiliados, así como el material probatorio que consideren necesario a los fines de su investigación.
b) Realizar todas las diligencias que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso solicitar informes, documentos o antecedentes a las autoridades e instituciones públicas o privadas; las que estarán obligadas a evacuarlos en el plazo de 10 días hábiles. La omisión o mora injustificada en evacuar los informes solicitados por la comisión, así como las respuestas inexactas o evasivas, constituirá delito de incumplimiento de deberes de funcionario público (248 CP), o desobediencia a la autoridad (239 CP).
c) Denunciar ante el órgano jurisdiccional o Ministerio Público Fiscal competente cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer;
d) Elaborar el informe final previsto en el artículo 7;
ARTÍCULO 3.- Composición. La Comisión estará integrada por nueve (9) miembros de la manera que aquí se detalla: seis (6) representantes de los afiliados en actividad, dos (2) representantes de los afiliados jubilados y uno (1) representante del Ministerio de Salud. Los representantes de los afiliados serán elegidos por voto directo en elecciones dispuestas a tal fin en el plazo máximo de quince (15) días.
ARTÍCULO 4.- Funcionamiento. La Comisión dictará su propio reglamento interno, designará un/a presidente/a que la representará y nombrará los secretarios que estime necesarios. Podrá también constituir los equipos técnicos que juzgue conveniente. La Comisión decidirá por simple mayoría.
ARTÍCULO 5.- Información. La comisión deberá contar con un mecanismo de protección y resguardo de la información recabada en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 6.- Informe final. La Comisión elaborará, en un plazo máximo de un (1) año, un informe final sobre la base de los antecedentes y la información que reúna, en donde exprese las conclusiones sobre los hechos investigados y recomendaciones de acción para prevenir nuevos fraudes. Será presentado públicamente al Gobernador, a la Legislatura, y al Ministerio Público Fiscal instando a que se adopten las medidas propuestas.
ARTÍCULO 7.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar que la Comisión cuente con los recursos, medios materiales y el personal suficiente para el cumplimiento de su objetivo.
ARTÍCULO 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Desde el mes de febrero de este año se dio a conocer una posible estafa millonaria a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) que tiene ya al menos 36 personas detenidas, entre los que se cuentan un ex empleado de APROSS, un médico y varios policías.
Según explica APROSS en su web, “la maniobra denunciada consistió en la confección y utilización de recetas médicas falsas, tanto en formato papel como electrónico, para la prescripción de medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes, tales como insulina y tiras reactivas. Estas recetas fueron emitidas a nombre de afiliados de APROSS empadronados con esta patología, quienes desconocen los consumos registrados a su nombre. Las mismas eran presentadas en diversas farmacias de la ciudad de Córdoba, actualmente bajo investigación, por personas que, junto con la receta, entregaban fotocopias de documentos de identidad adulterados, en los que modificaban nombre, apellido, número de documento y dirección, pero mantenían la fotografía original para evitar ser descubiertos. Tras la presentación de la receta, los involucrados dejaban un número telefónico de contacto para coordinar el retiro de los medicamentos una vez que estuvieran disponibles en la farmacia. Hasta la fecha, se desconoce el destino final de los fármacos obtenidos fraudulentamente”.
El directorio de APROSS intenta mostrar una amplia participación de los afiliados de APROSS en la resolución de estas estafas, titulando una nota del 16 de abril de la siguiente manera: “APROSS y los afiliados en equipo contra las estafas: nuevas detenciones por fraude”. Pero esto no es real, los afiliados somos convidados de piedra en todo este gran problema que nos tiene como los principales afectados.
Todo el caso escaló mucho más luego del incendio de la sede central de APROSS, -ubicada en Av. Marcelo T. de Alvear 758 de la capital- ocurrido el día viernes 18 de abril, dos días después de que se realizaran 13 detenciones en la causa. Es imposible descartar que el hecho haya tenido que ver con la grave defraudación que se investiga.
Sin embargo tanto desde el gobierno como desde el directorio de APROSS salieron rápidamente a negar que se hubiese podido perder documentación. Según dijo Sebastián García Petrini – vocal del directorio de APROSS- “Por suerte tenemos arbitrados una gran cantidad de medios de seguridad para resguardar esa documentación y esa documentación la tiene la fiscalía a cargo del doctor (José) Bringas”. Pero la investigación está en pleno proceso y no podemos descartar que hubiera más documentación que podría ser materia probatoria en el futuro y que aún no esté en manos de la justicia.
Las acusaciones cruzadas entre el PJ y la UCR respecto del hecho demuestran que nada bueno puede venir de la política tradicional para las y los afiliados de APROSS, porque unos hacen lo imposible para cuidar su gestión desastrosa y los otros sólo buscan oportunistamente rédito político, sin pensar realmente en quienes aportan (y mucho) para sostener la obra social de los empleados estatales.
Más aún, la reciente declaración de emergencia por parte del directorio (Resolución n°38) lejos de aportar tranquilidad, suma incertezas a la situación. Por eso la única garantía para saber realmente qué pasó, tanto con la estafa como con el incendio, es que la investigación se haga a través de una comisión independiente integrada mayoritariamente por afiliadas y afiliados, en actividad y jubilados.
Eso es lo que proponemos a través de este proyecto, que trabajamos junto a delegados de distintos sindicatos cuyos trabajadores aportan al APROSS, como UEPC, UTS, Luz y Fuerza, Judiciales, entre otros. Queremos llegar al fondo de la verdad y para eso necesitamos la participación directa de los afiliados.
Por estos motivos solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
