LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio a los despidos y suspensiones en Petroquímica Río Tercero a raíz del cierre de la planta de producción de TDI, única en Latinoamérica, que va a afectar a casi 150 empleados y a toda la localidad.
Asimismo insta al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para interceder a favor de la continuidad de los puestos de trabajo.
FUNDAMENTOS
El domingo 13 de octubre comenzaron a llegar telegramas de despido y notificaciones de suspensión a los trabajadores de la empresa Petroquímica Río Tercero (P3R), esto como producto del cierre de la planta que produce TDI (diisocianato de tolueno), única en América Latina en producir este insumo clave para la industria colchonera y automotriz.
Esta situación no solo vulnera los derechos laborales de cientos de familias, sino que también afecta directamente a industrias locales relacionadas. Por ejemplo, la Fábrica Militar de Río Tercero vende a la Petroquímica el 90% del ácido nítrico que produce. O Atanor, que también tiene una gran interdependencia en el suministro de insumos.
La empresa se encontraba en un proceso preventivo de crisis y no cumplió con el acuerdo alcanzado, cerrando de manera intempestiva la planta lo que vulnera los derechos de los trabajadores. Incluso contradice sus propias declaraciones oficiales donde se refiera a que “PR3 se reconvierte para asegurar la continuidad de sus operaciones y resguardar al máximo las fuentes de trabajo de sus colaboradores”, pero en realidad lo que se produce es un cierre sin ninguna contemplación y el despido de los obreros. Estas empresas, ante un atisbo de crisis rápidamente “cortan el hilo por lo más delgado” como dice la sabiduría popular y hacen recaer sobre los trabajadores la baja de sus ganancias. El intendente Marcos Ferrer ha señalado su preocupación porque “puede haber un efecto dominó” y contó que intentó comunicarse con “gente del Gobierno nacional para ver si de alguna manera se le puede poner un cupo a la importación y que la importación no sea tan grande como para que la única industria en Latinoamérica que produce eso, siga produciendo” y dijo: “si bien podemos pelear, podemos generar reuniones y demás, la perspectiva de lo que podemos hacer es muy poca… hay una decisión tomada, un hecho consumado”. Desde el ejecutivo provincial también mostraron preocupación y encomendaron al Secretario General, David Consalvi a acompañar las discusiones entre las partes en el ámbito del Ministerio de Justicia y Trabajo. Pero no parece haber tampoco una política activa para intervenir en un caso tan grave.
Y si bien la empresa argumenta que el recorte se debe a efectos de la política económica del gobierno nacional con la apertura de importaciones y el aumento de tarifas energéticas, es indispensable que el Poder Ejecutivo intervenga de manera urgente, de manera efectiva y no solamente con declaraciones, para garantizar las fuentes laborales, evitar una mayor crisis industrial en la región y preservar la continuidad operativa de estas industrias estratégicas para el desarrollo local y nacional.
Esta medida no solo debe ser entendida como una defensa del empleo, sino también como una acción preventiva para resguardar el tejido social y productivo de la región.
El presente proyecto entonces tiene como principales objetivos no sólo declarar la preocupación ante esta alarmante situación y la indolente actitud de la parte empresaria y el acompañamiento a los trabajadores, sino también especialmente instar al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas a su alcance tendientes a preservar la fuente de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a las y los legisladores su aprobación.
Referencia:
