LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su rechazo a la decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones a las exportaciones agrarias, que en tan sólo tres días generó una ganancia de 1500 millones de dólares para una decena de multinacionales agroexportadoras, en detrimento de los trabajadores y sectores populares de nuestro país.
FUNDAMENTOS
Ante el cada vez más evidente fracaso de su programa económico y las consecuencias políticas que eso ha acarreado, el gobierno nacional, desesperado por lograr divisas y contener la presión alcista sobre el dólar, entre el lunes 22 y el martes 23 oficializó a través de decretos publicados en el Boletín oficial, la reducción al 0% de los derechos de exportación, más conocidos como retenciones; para granos y subproductos, carnes bovinas y aviares. La norma firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, extendía el beneficio hasta el 31 de octubre próximo o hasta que alcance un tope de U$S7.000 millones en declaraciones juradas de ventas al exterior, lo que ocurriera primero. El argumento oficialista era que se trataba de una eliminación de “impuestos distorsivos”. El trasfondo de la medida es claro para cualquiera que conozca la realidad de nuestro país: su principal objetivo inmediato es aumentar de manera urgente la oferta de dólares en el mercado único y libre de cambios, para sostener el esquema de bandas cambiarias.
La medida llegaba en un contexto de máxima fragilidad financiera y política, con la cotización del dólar oficial muy cerca del límite superior de la banda de flotación. Para conseguir una salida momentánea de una situación económica tan frágil, el gobierno apeló a uno de los sectores empresarios más especulativos y favorecido por todas las gestiones de gobierno. De hecho, en julio de este año el propio presidente Milei ya había anunciado pomposamente en la Exposición Rural de Buenos Aires una rebaja permanente de las retenciones para estos mismos sectores. La medida establecía que los exportadores deberían liquidar al menos el 90% de las divisas generadas dentro de los tres días hábiles posteriores al permiso de embarque, so pena de perder el beneficio y ser sancionados por incumplimiento.
Distintos sectores cuestionaron el carácter temporal de la disposición, que al vencer el 31 de octubre (inclusive), es decir cuatro días después de las elecciones legislativas nacionales, dejaba claro su objetivo de mejorar un poco las finanzas para atravesar el proceso electoral sin una nueva devaluación que agravaría la crisis económica y social y empeoraría su ya deteriorada relación con los votantes.
De nuestra parte cuestionamos también que este placebo para los mercados tiene un costo altísimo para la población que vive de su trabajo. En concreto pone blanco sobre negro que el supuesto equilibrio fiscal no es tan importante cuando se trata de favorecer a empresarios y apaciguar a los especuladores. Las estimaciones de consultoras privadas señalan que la eliminación transitoria de las retenciones generaría un costo fiscal de entre el 0,15% y el 0,25% del Producto Bruto Interno. Este monto es equivalente al que hubieran demandado la ley de Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia Pediátrica vetadas por el Ejecutivo con el pretexto fiscal. Una vez más, una enorme transferencia de riquezas desde los trabajadores a los sectores más ricos de la sociedad, muchos de ellos empresas de mayoría accionaria extranjera, especialmente estadounidense pero también china.
Esta medida ya era como describimos, muy negativa y de una gravedad inusitada. Pero finalmente se transformó en una estafa enorme: luego de tres días, lejos de ser un beneficio para los productores, se mostró como un regalo colosal a una decena de multinacionales agroexportadoras. El gobierno liberó de impuestos a las exportaciones agropecuarias para incentivar la liquidación de divisas y así juntar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares que le permitiera mostrar una falsa estabilidad de cara a las elecciones de octubre y cumplir con las presiones financieras. Pero con la complicidad directa del equipo de Luis Caputo las grandes agroexportadoras cerealeras anotaron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) hasta agotar el cupo. Porque el decreto no cuenta con ningún mecanismo de control, ni límite, ni condición. No exige siquiera la acreditación de la tenencia de los granos. En apenas 72 horas, once multinacionales acapararon todo el cupo y se llevaron íntegros los 1.500 millones que el Estado dejó de recaudar por las retenciones que no cobró. Esas megaempresas son: Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM. Un cartel que domina el flujo exportable del país al que le habilitaron esta verdadera estafa.
Los productores medianos y pequeños, los supuestos destinatarios del beneficio, no vieron ni verán una moneda de esos miles de millones de dólares.
La medida de retenciones cero además generó un inmediato rechazo de los productores de soja estadounidenses. La presión del lobby sojero sobre el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, hizo que el gobierno estadounidense exigiera el inmediato restablecimiento de las retenciones. El gobierno de Milei, acató sin chistar. Si algo más le faltaba a este escandaloso episodio, le sumaron subordinación neocolonial. Todo a cambio de que el Tesoro concrete el operativo de rescate con el mismo objetivo cortoplacista que ya mencionamos: darle un respiro al gobierno para que llegue a octubre con un mínimo de oxígeno político y financiero. Es decir, el conjunto de los argentinos, en especial los trabajadores estamos pagando la campaña electoral de Milei y La Libertad Avanza. Con 1.500 millones de dólares que faltarán y que se les niegan a la salud, a la educación, a la asistencia para personas con discapacidad y a los programas sociales y alimentarios. Todo para favorecer a un puñado de multinacionales.
Por eso sostenemos que, hoy más que nunca, es imprescindible impulsar una reforma impositiva progresiva que garantice que quienes más tienen—los grandes empresarios, los terratenientes y las corporaciones del agronegocio—paguen la mayor parte en un sistema fiscal más justo y redistributivo. Y que así también debemos debatir una distribución equitativa de la tierra, el modelo de producción de alimentos y desarrollo agrario para que las riquezas que produce el campo sean para el beneficio de la mayoría social y no para la especulación de un pequeño grupo.
Frente a este nuevo pacto de coloniaje y entrega y la estafa perpetrada por las multinacionales con la anuencia del gobierno nacional, esta Legislatura no puede permanecer callada. Mucho menos aquellos que dicen defender el federalismo y a los pequeños y medianos productores. Por todo lo expuesto pedimos a los bloques que aprueben el presente proyecto.
