LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio al violento desalojo del Acampe de Defensores Ambientales vecinxs de Punilla, llevado a cabo por la policía de la provincia de Córdoba el día martes 10 de mayo por la madrugada, sin mediar aviso previo y sin exhibir orden de desalojo.
Exigimos el respeto irrestricto del derecho de protesta y la implementación efectiva de las leyes que defienden el territorio.
FUNDAMENTOS
El día martes 10 de mayo del corriente, en horas de la madrugada, un operativo policial violento, sin aviso previo ni orden de desalojo arremetió contra el Acampe de Defensores Ambientales vecinxs de Punilla, que hace varios días viene manifestándose de manera pacífica en contra del avance de la obra de la Autovía de Punilla.
Así lo denunciaron los propios vecinos y vecinas en un comunicado que reproducimos a continuación:
“ATENCIÓN, ALERTA!!! DESALOJO VIOLENTO ILEGAL EN MEDIO DE LA NOCHE. Comunicamos a la población que la policía e Infantería de Córdoba nos desalojó del acampe de Defensores Ambientales vecinxs de Punilla en un operativo sorpresa en medio de la noche, más precisamente a las 3:40 de la madrugada, en una modalidad totalmente fuera de la ley. Sin aviso previo arremetieron contra el puesto donde dormíamos 9 vecinxs, echándonos por la fuerza, con total violencia sin permitir retirar ninguna pertenencia, incluso vehículos quedaron ahí.
POLICÍA VARONES AGARRARON VIOLENTAMENTE A MUJERES, ALGO TAMBIÉN ILEGAL; NO MOSTRARON NINGUNA ORDEN DE DESALOJO, NI HUBO POSIBILIDAD DE DIÁLOGO, ESTO ES TOTALMENTE FUERA DE LA LEY, VIOLATORIO DE LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES. LAS PERSONAS ESTAMOS SIN HERIDAS GRAVES PERO EN ESTADO DE SHOCK PSÍQUICO POR EL MALTRATO Y AGRESIVIDAD. NOS LLEVARON DE LOS PELOS Y NOS ARRASTRARON DESCALZOS POR LA CALLE”
Esta legislatura, como toda institución que se precie democrática y defensora de los derechos humanos, debe repudiar enérgicamente este hecho que va en contra de todas las libertades y garantías constitucionales y es una afrenta al derecho de protesta.
El gobierno no tiene licencia social para avanzar con esta obra, que es absolutamente nociva para nuestros bienes comunes. Por ese motivo, recurre a la fuerza como única alternativa para hacer pasar lo que democráticamente el pueblo rechazó.
Por este motivo, exigimos que se arbitren todas las medidas necesarias para poner fin a la destrucción ambiental provocada por estas obras, implementado efectivamente las leyes ambientales vigentes que hoy están siendo vulneradas.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la presente declaración.
