LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio a la designación por decreto presidencial de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
FUNDAMENTOS
El gobierno nacional, a través del Decreto 137/2025, designó a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente se explicó: “El presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”.
En el mismo, sostienen que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”. Se trata de una medida autoritaria y antidemocrática, que busca garantizar la impunidad a los poderosos, a través de una justicia adicta.
Los elegidos para ocupar los lugares en la Corte dan cuenta del perfil de justicia que pretende Milei. Manuel García Mansilla, está ligado al Opus Dei y aunque su maestría se basó en la crisis de la división de poderes en nuestro país y afirmaba que los DNU destruyeron esa división de poderes, ahora acepta una designación por decreto, absoluta incoherencia. Por su parte, Ariel Lijo viene con un historial de denuncias por corrupción que lo hacen encajar perfectamente en un sistema judicial que parece más preocupado por los intereses de unos pocos que por los derechos de la gente.
Esta designación pone en evidencia que la justicia de nuestro país está diseñada a la medida de los poderosos y que en momentos como este, de gran tensión social y política y cuestionamientos al presidente, nada más y nada menos que por estafador, el gobierno nacional profundiza los rasgos autoritarios pretendiendo gobernar por decreto.
Por eso no sólo rechazamos esta designación, también consideramos que para que la justicia deje de ser servil a los poderosos es imperiosa una profunda reforma judicial: que los jueces dejen de ser puestos por el poder político de turno y sean elegidos por el voto popular. Que sus cargos no sean eternos, que sean revocables y que no tengan los privilegios salariales e impositivos actuales.
La Legislatura de Córdoba no puede permanecer ajena a esta designación absolutamente autoritaria y antidemocrática, es necesario que nos posicionemos y por eso invito a mis pares a acompañar esta declaración.
