Complejo Esperanza – Sistema penitenciario – Pedido de informe – N° 31.552

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de 7 (siete) días, se sirva informar:

1. Si en las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo Esperanza, se encuentra funcionando o se ha planificado que funcione un nuevo establecimiento penitenciario o de “Contención del Aprehendido” para personas mayores de 18 años de edad.

2. En el caso de que así fuere, informe cual es el marco normativo -infra legal, legal, constitucional y convencional- que rige e informa este nuevo establecimiento y durante cuánto tiempo funcionará en el Complejo Esperanza (si es de carácter provisorio o permanente). Así mismo, adjunte de manera completa y acabada los instrumentos jurídicos (ya sean resoluciones o convenios) que han autorizado su creación.

3. Informe en qué espacio físico-edilicio del Complejo Esperanza funcionaría el nuevo establecimiento, cuáles son sus dimensiones, qué capacidad de alojamiento tiene y con qué servicios e infraestructura cuenta.

4. Informe de qué cartera Ministerial dependería dicho nuevo establecimiento y en este sentido, si el personal que se desempeñaría en el mismo depende del Sistema Penitenciario o de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

5. Informe de manera completa y detallada qué dispositivos o herramientas se están aplicando para garantizar que esta nueva institución penitenciaria no interfiera en el proyecto esencialmente socioeducativo del Complejo Esperanza.

6. Informe en qué espacio físico-edilicio se alojarían las y los jóvenes que se encuentran en las instalaciones del Complejo Esperanza que serían destinadas a adultos. Asimismo informe si las características de dicho espacio se corresponden con las características del espacio que sería cedido al Sistema Penitenciario, garantizando de tal manera que no se produzca un agravamiento en las condiciones de encierro de estos últimos. En este sentido especifique si los jóvenes que serían “relocalizados” contarán con espacios verdes y/o al aire libre.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

Es un hecho evidente, público y notorio, que tanto a nivel Nacional como provincial, el nivel de contagios por Covid-19 se ha elevado a cifras preocupantes. Esta situación ha impactado profundamente, como era de esperarse, en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba. La situación ha tomado estado público fundamentalmente gracias a los reclamos y las protestas públicas que realizaron familiares de los detenidos en los diferentes establecimientos penitenciarios. Los medios informativos se hicieron eco de las protestas ante lo cual la autoridad administrativa tuvo que comunicar oficialmente la existencia de contagios.

En este contexto, lejos de tomarse medidas de fondo y que impliquen una planificación a mediano y largo plazo, las autoridades públicas han recurrido a medidas efectistas, sumamente parciales, verdaderos “parches”, que en muchos casos resultan de dudosa legalidad, por contraponerse a principios constitucionales y convencionales de DDHH. Este es precisamente el caso que motiva el presente informe, en cuanto – según la información que trascendió por medios periodísticos – se habría creado un nuevo establecimiento penitenciario para mayores de edad en las mismas instalaciones donde funciona un establecimiento socioeducativo destinado a jóvenes, menores de 18 años, en conflicto por la ley penal (el Complejo Esperanza). 

Consideramos que medidas como ésta, lejos de lograr superar un problema coyuntural, traen aparejada una mayor vulneración de derechos, en cuanto distorsiona los propósitos y las finalidades de las instituciones y reparticiones involucradas. Debemos tener presente en este sentido que la propia Convención Internacional de los Derechos del Niño, instrumento de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) dispone en su art. 37.c. que “…Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos…”.

Lamentablemente la información oficial que circula al respecto es escasa, las páginas oficiales del gobierno no destinan un solo párrafo a este tema y el portal web del Poder Judicial tampoco ha realizado ninguna mención al respecto, siendo que es un tema que le compete como autoridad de control y garante del debido resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por ello, este pedido de informes busca recabar la información oficial necesaria para evaluar las posibles implicancias que puede tener esta decisión respecto de los derechos humanos de las personas y poblaciones afectadas.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda

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